Lo primero que se debe saber es que el patrimonio del deudor queda protegido ante cualquier ejecución individual o colectiva de sus acreedores una vez que se declara el concurso de acreedores. Y si en algún caso llegase a producirse alguna ejecución, iniciado el proceso concursal, esta será sancionada con la nulidad de pleno derecho. Esto significa que los acreedores no pueden iniciar ni continuar acciones legales para cobrar las deudas pendientes mientras esté vigente el procedimiento concursal.

Una vez declarado el concurso de acreedores nombran a un administrador concursal para gestionar los activos y pasivos del deudor durante el proceso de concurso. El administrador concursal tiene la responsabilidad de proteger los intereses de los acreedores y de administrar el patrimonio del deudor de manera eficiente y transparente.

Por otro lado, sobre el deudor recaen efectos, a consecuencia de la declaración del concurso de acreedores, que se pueden englobar en dos categorías, como lo son: Efectos patrimoniales y efectos personales.

Efectos patrimoniales

• Suspensión de las facultades de administración y disposición: El deudor pierde la capacidad de administrar y disponer libremente de sus bienes. Esta facultad pasa a la administración concursal, que se encarga de gestionar el patrimonio del deudor con el objetivo de satisfacer los créditos de los acreedores.
• Declaración de la masa: Se crea una masa activa, que está integrada por todos los bienes y derechos del deudor que pueden ser utilizados para pagar a los acreedores. También se crea una masa pasiva, que está formada por todos los créditos de los acreedores.
• Inventario y valoración de los bienes: La administración concursal debe realizar un inventario de todos los bienes y derechos del deudor, y valorarlos.
• Realización de los bienes: La administración concursal debe vender los bienes del deudor para obtener liquidez y pagar a los acreedores. La venta de los bienes se puede realizar a través de diferentes procedimientos, como subasta pública, concurso de acreedores o venta directa.
• Pago a los acreedores: La administración concursal debe pagar a los acreedores de acuerdo a la clasificación que establece la Ley Concursal. Los acreedores privilegiados son los primeros en cobrar, seguidos de los acreedores ordinarios y, por último, los acreedores subordinados.

Efectos personales

• Limitación de derechos: El deudor puede ver limitados algunos de sus derechos, como el derecho a salir del país, el derecho a disponer de sus bienes y el derecho a contratar.
• Inhabilitación: En algunos casos, el juez puede inhabilitar al deudor para ocupar determinados cargos o para administrar bienes ajenos.
• Efectos sobre el crédito pignoraticio: Si el deudor tiene un crédito pignoraticio, es decir, si ha dado un bien en prenda para garantizar un préstamo, el acreedor pignoraticio tendrá derecho a cobrar su crédito con preferencia sobre los demás acreedores.
• Efectos sobre los contratos de arrendamiento: Si el deudor es arrendador, el concurso de acreedores puede dar lugar a la resolución del contrato de arrendamiento. Si el deudor es arrendatario, el concurso de acreedores no afecta al contrato de arrendamiento.

El concurso de acreedores puede tener un efecto significativo sobre el patrimonio del deudor, ya que implica la intervención de un administrador concursal, la supervisión judicial y la posibilidad de venta de activos o reestructuración de deudas para satisfacer a los acreedores. Es importante tener en cuenta que el objetivo del concurso de acreedores es buscar una solución justa y equitativa para todas las partes involucradas, protegiendo al mismo tiempo los derechos e intereses del deudor.