El pasado 20 de Marzo de 2024 entraron en vigor las medidas normativas gestionadas por el Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de Diciembre, cuyo propósito fundamental es la mejora de la eficiencia de la Administración de Justicia (eficiencia procesal y digital del Servicio Público de Justicia). Para lograr dicho propósito se incluyeron modificaciones vinculadas con la digitalización de la Justicia (libro I del RD-ley 6/2023) y con la agilización de los procesos judiciales.

En Resumen

Objetivo de la reforma: Modernizar y agilizar los procesos judiciales. En pro de una mayor accesibilidad de los ciudadanos y profesionales con la Administración de Justicia y de una mayor celeridad a los procedimientos judiciales.

Medidas que responden a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Impulso a la digitalización: 

• Expediente judicial electrónico obligatorio:  implementación de herramientas electrónicas para la tramitación y resolución de casos.
• Notificaciones electrónicas.
• Celebración de actos judiciales por videoconferencia: se determina la preferencia de la presencia telemática en los actos procesales, previendo la comunicación por videoconferencia, en algunos casos.

Mejora de la gestión procesal:

• Agilización de los plazos procesales: se simplifica el procedimiento con la eliminación de la obligación de devolver el expediente administrativo y se promueve la eficiencia con la documentación electrónica.
• Reducción de las cargas administrativas.
• Fomento de la resolución alternativa de conflictos: se introduce la posibilidad de resolver controversias por medios electrónicos.

Aplicabilidad:

• Las medidas se aplican a los procedimientos judiciales iniciados a partir del 20 de marzo de 2024.
• Algunas medidas se aplican también a los procedimientos en curso, en la medida de lo posible.

Recursos:

• Texto completo del RD Ley 6/2023:

  Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

• Guía práctica sobre las medidas de eficiencia procesal: