Ley de Sociedades de Capital (LSC)
Responsabilidad penal de un administrador
Cuando decimos que un administrador puede ser penalmente responsable hablamos de aquella persona de la sociedad que está autorizada para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostenta facultades de organización y control dentro de la misma.
El administrador de una sociedad puede responder penalmente por aquellos actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos de la persona jurídica bien sea que haya actuado de forma individual o como miembro de uno de sus órganos.
¿Cuándo decimos que un administrador incurre en responsabilidad penal?
Decimos que un administrador incurre en responsabilidad penal cuando ha cometido ciertos delitos en el ejercicio de sus funciones. Algunos de los delitos más relevantes que pueden afectar a los administradores son:
- Delitos societarios: Los administradores pueden ser responsables penalmente por delitos como falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica-financiera, delitos de administración desleal, y la apropiación indebida de activos de la sociedad, entre otros.
- Delitos contra los derechos de los trabajadores: Los administradores pueden ser responsables penalmente por delitos relacionados con la contratación irregular, impago de salarios, no cotización a la Seguridad Social, entre otros.
- Delitos fiscales: Los administradores también pueden incurrir en responsabilidad penal por delitos fiscales, como la evasión o el fraude fiscal.
- Determinados delitos cometidos por empleados u otras personas, que estando sometidos a su autoridad han podido realizar los hechos porque los administradores han incumplido gravemente con su deber de supervisión, vigilancia y control.
Si un administrador comete alguno de estos delitos, puede ser objeto de un procedimiento penal y, en caso de ser declarado culpable, puede enfrentar penas que van desde multas económicas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad del delito y de las circunstancias específicas del caso.
Es importante destacar que, para que un administrador sea declarado penalmente responsable, es necesario que se demuestre su participación activa o su consentimiento en la comisión del delito. Además, se aplican los principios generales del derecho penal, como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.